Son unos sinmadre: Calderón ordenó desaparecer expediente sobre cochinero de Fox


La Secretaría de la Función Pública (SFP) extravió de su archivo histórico la auditoría 2015 que documentó la participación del ex Presidente Vicente Fox Quesada en actos de corrupción ocurridos a inicios de su Gobierno, durante la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos: residencia Miguel Alemán,

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Son unos sinmadre: Calderón ordenó desaparecer expediente sobre cochinero de Fox

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Junio 19, 2019 13:00 hrs.
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La auditoría interna 2015, que reveló la participación del ex Presidente Fox en actos de corrupción, desapareció de la Secretaría de la Función Pública. Roberto Muñoz Leos, el auditor a cargo, señala en entrevista que el ex mandatario ordenó directamente acciones anómalas. El archivo –de 365 fojas y del que Contralínea sí tiene copia– documentó tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados, sobreprecios, incumplimientos, duplicidad de convenios y triangulación del gasto público durante la remodelación de Los Pinos. La pérdida de ese expediente afecta la memoria histórica de México y es una violación al derecho humano a saber, señalan expertos en derecho.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) extravió de su archivo histórico la auditoría 2015 que documentó la participación del ex Presidente Vicente Fox Quesada en actos de corrupción ocurridos a inicios de su Gobierno, durante la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos: residencia Miguel Alemán, cabañas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa, con un costo para el erario de más de 61 millones de pesos.

En respuesta a la solicitud de información 0002700068419, hecha por Contralínea, la institución que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval admite que ’tras el procedimiento de búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos’, ni la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), ni la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, ni la Dirección General de Auditorías Externas, ni el Órgano Interno de Control en la Presidencia de la República ’cuentan con expresión documental que otorgue respuesta a lo solicitado’.

Según su argumento, la ausencia del expediente se debe a ’que no se ha realizado auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública respecto de los contratos AD009-01, AD267-00 y AD268-00 para la remodelación de Los Pinos durante el sexenio de Vicente Fox’.

Pero esa fiscalización sí se realizó y este semanario conserva copia del exhaustivo expediente, que en sus 365 fojas da cuenta de diversas anomalías, como adjudicaciones directas, tráfico de influencias en beneficio del arquitecto Humberto Artigas –amigo de Fox–, subcontrataciones, pagos anticipados pese a que no se celebraban aún los contratos, sobreprecios, incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación del gasto público, falta de entrega de bienes, objetos entregados no requeridos, y opacidad en la adquisición de enseres. [ Fox: irregularidades millonarias en remodelación y adquisición de bienes para Los Pinos ]

En entrevista con Contralínea, el contador público Roberto Muñoz Leos –quien estuvo al frente del equipo de auditores que fiscalizaron las obras de la remodelación– explica que esa acuciosa investigación se realizó en 5 días hábiles por las presiones que enfrentó la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, hoy Función Pública), a cargo de Francisco Barrio Terrazas.

’Ese caso fue un trabajo muy al principio del sexenio de Fox y si el poder del presidente era grande, el de Marta [Sahagún] era más’, señala el auditor con experiencia de más de 30 años de servicio en áreas de supervisión del ejercicio público.

Muñoz Leos, quien en el sexenio de Fox se desempeñó como director general de Auditoría Gubernamental de la Secodam, revela cómo fue la participación directa del ex Presidente en las anomalías: ’Fox dice que fue el primer asunto que se utilizó para golpearlo, pero no se le golpeó a él, se golpeó su administración porque la persona que él puso [Carlos A Rojas Magnon] a administrar [las obras de remodelación] empezó por nombrarse a sí mismo, prueba de que no sabía de qué estaba hablando pero era el señor jefe y ese tipo de cosas las encontramos muy seguido’.

El ex contralor de la extinta Conasupo (cargo desde el cual documentó irregularidades de Raúl Salinas de Gortari), del Bancomext y de la Conapred –por mencionar parte de su trayectoria profesional– recuerda que para hacer esta auditoría se ’reconstruyeron las acciones’ a partir de interrogatorios a todos los involucrados, incluidos albañiles, porque el Gobierno panista no tenía registros de contabilidad. ’No hubo manera de revisar documentación porque no había documentación de muchas cosas’

Las entrevistas revelaron el activo papel del primer Presidente de México extraído del Partido Acción Nacional (PAN) en las decisiones que derivaron en actos de corrupción. ’Le preguntábamos a los señores que estaban en la obra por qué estaban haciendo eso y contestaban: ‘Así me lo dijo el jefe’. El jefe quién [reviraban los auditores], ‘el jefe Fox’ [les respondían los obreros]. Todo mundo daba instrucciones y todo mundo tiraba dinero. Tiraron muchísimo dinero’.

En total, la remodelación de la residencia Miguel Alemán, las cabañas 1 y 2, las obras exteriores y la casa anexa tuvo un costo de 61 millones 895 mil pesos, consta en el expediente de auditoría.

El especialista en fiscalización del servicio público explica que, ’como auditor, uno debe reunir documentación suficiente y competente que demuestre lo que uno afirma: esto está mal comprado porque no se hizo licitación, esto está caro porque los precios del mercado son éstos… Todo hay que comprobarlo porque la auditoría no es lo que uno puede saber, es lo que uno puede comprobar. Uno puede saber 10 veces más pero [ese conocimiento] no sirve porque no se puede comprobar. La limitante de la auditoría es ésa: es muy difícil llegar a algo concreto si no hay comprobación documental’.

Por ello en el amplio expediente no figura, por ejemplo, que desde la Presidencia de México se incurrió en contrabando de mercancías. ’La compra de materiales la hicieron en Estados Unidos, los muebles los hicieron en Estados Unidos, y todo eso vino de contrabando para Los Pinos, lo cual es doble vergüenza o un poco peor… Los refrigeradores, todo era fayuca y venía del otro lado [de la frontera Norte]’, detalla Muñoz Leos.

Lo que sí se incluye en el informe final es la participación de dos hombres muy cercanos al ex Presidente Fox: Humberto Artigas y Carlos A Rojas Magnon.

Sobre ellos, el contador público explica: ’Resulta que el señor Carlos Rojas Magnon se nombró a sí mismo: ‘Yo soy el jefe de la administración, mi categoría es de Subsecretario y yo me firmo y yo me nombro’, con una tranquilidad asombrosa. Cuando esto empieza [la fiscalización] lo primero que hicimos es ver qué es lo que estaba [consignado] en Compranet: sí estaban las toallas de 11 mil pesos, las botellas de whiskey de 8 mil, en pesos de entonces que son como el triple de los de ahora; habían este tipo de cosas pero con la novedad de que se publicó que habían comprado esas mercancías a esos precios y no las habían comprado, nada más habían recibido cotización. Pero qué hicieron: contrataron al arquitecto más caro de México, Artigas, que es un arquitecto que compra el cemento y la varilla en Masaryk [colonia Polanco] y pasa la factura más el 30 por ciento de su trabajo. Por eso las cabañas salieron carísimas: cuando el metro cuadrado de construcción estaba en 3 mil pesos, ahí salió en 15 mil’.

Para conocer su versión de los hechos que documentó la Secodam y la propia desaparición del expediente, se solicitó –vía Twitter– una entrevista con el ex Presidente Vicente Fox. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.


ESTADO MAYOR PARTICIPÓ EN EL DESFALCO

Otra revelación derivada del expediente fue la participación del Estado Mayor Presidencial en las anomalías, como el otorgamiento de créditos para esas obras o la duplicidad de contratos. [Comité de Adquisiciones y Estado Mayor Presidencial fueron cómplices de Fox]

“La remodelación de inmuebles de la residencia oficial de Los Pinos se realiza a través de la Dirección General de Administración de la Presidencia y del Estado Mayor Presidencial y no conocemos la justificación de realizarla en forma separada”, ya que no sólo se subcontrató mediante el Estado Mayor Presidencial, sino que también hubo contratos “sin número” o sin registro, refiere en sus resultados el informe de auditoría.

Al respecto, Muñoz Leos indica que una vez concluidos los trabajos de los auditores, el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramón Muñoz Gutiérrez, le dijo: “Estamos en este punto y después de este punto todo lo que sigue es desprestigiar a la Presidencia, así que hay que hacer algo positivo. [Pero el auditor le aclaró] ‘Eso no me toca a mí; hagan lo que crean prudente: mi trabajo es revisar y reportar lo que advertimos; entonces, adelante, porque el chiste es que esto mejore’”.

Y agrega que luego de eso Muñoz Gutiérrez citó al Estado Mayor Presidencial y a otros funcionarios para ver cómo corregían la obra. “Mi tesis en ese momento fue que iba a ser muy difícil bajar los costos, entonces propuse que el Estado Mayor terminara la obra, se hiciera un balance y se determinara el costo y, por otro lado, se definieran las responsabilidades. Pero la obra se debía terminar”.

LA HISTORIA DE LA AUDITORÍA

Apenas habían pasado 7 meses de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República cuando estalló este primer caso de corrupción de alto perfil, pues lo involucraba directamente. Una denuncia anónima activó las alertas en la extinta Secodam, y a Roberto Muñoz Leos le tocó iniciar el procedimiento.

El 20 de junio de 2001, él y su equipo notificaron la orden de auditoría 2015 al ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, entonces director general de Administración de la Presidencia, se desprende del amplio expediente. A partir de entonces, el equipo de la Secodam trabajó contra el tiempo y contra muchos intereses.

“Fue muy difícil porque fue una denuncia que se hizo al sistema Compranet. Era la primera vez que los del PAN entraban [al Gobierno] y no le entendían: le dieron interpretaciones de todos lados y fue un trabajo que asombró mucho a los funcionarios de ese momento porque el Presidente tenía muy poco tiempo en el puesto y todo esto sale a la luz por lo de Compranet. Querían una revisión en 15 minutos”, rememora el auditor.

No se concluyó en 15 minutos, sino en 120 horas de arduos esfuerzos para integrar el expediente que ahora la Secretaría de la Función Pública declara inexistente. En el archivo se constata que, para el 28 de junio, el equipo de Muñoz Leos ya estaba entregando los resultados (oficio DGAG/311/2001).

Aunque las presiones para la Secodam fueron muchas, el contador público señala que su entonces jefe, Francisco Barrio, no intentó frenar la auditoría. “Se echó para delante pero no le entró. Cuando se hizo la denuncia me dijo: ‘Revísalo’. Sí, pero no es tan revísalo y ya porque no hay documentos, va a ser a través de interrogatorios para ver dónde están las fallas. Me dijo: ‘Tienes mucho que hacer y lo tienes que hacer muy rápido’. Pero no le entró en el sentido de que a los demás que tenían que ver esto después de mí [la Dirección General de Responsabilidades y el área jurídica de la Secretaría] los dejó que se durmieran en sus laureles”.

Después de los 5 días de tensión en los que todos los participantes de las obras de remodelación fueron interrogados, incluido el arquitecto Artigas, inició el periodo de impunidad. “Este trabajo desafortunadamente se pasó al área de responsabilidades con toda la evidencia”, dice Muñoz Leos.

Después de los 5 días de tensión en los que todos los participantes de las obras de remodelación fueron interrogados, incluido el arquitecto Artigas, inició el periodo de impunidad. “Este trabajo desafortunadamente se pasó al área de responsabilidades con toda la evidencia”, dice Muñoz Leos.

El funcionario asegura que hay auditorías en curso sobre la Presidencia de la República en el periodo de Peña Nieto y que, “cuando estén los resultados, serán públicos como en el caso de Emilio Lozoya, que después de hacer el proceso de investigación se hizo público”.

En el caso de Fox, sin embargo, indica que es muy difícil proceder: “Yo pensaría que en el aspecto administrativo no [se puede]. En el ámbito penal hay prescripciones distintas, pero es complicado por el tiempo que ha pasado”.

El subordinado de la doctora Irma Eréndira Sandoval considera que el valor de este tipo de investigaciones es el juicio social y la inhabilitación es sobre todo una sanción social. “Estaría bien que me mandaran la auditoría para poder analizarla, orientarlos sobre cómo se actúa y saber cómo se puede continuar. Un OIC [Órgano Interno de Control] puede analizar si hay elementos de sanción y luego se deberá verificar la información para saber si es cierto eso. Quizá una de las respuestas sea que hay muchos elementos pero la sanción ya prescribió”.

Aunque Contralínea le entregó una copia del expediente como lo solicitó, Varela Sandoval ya no atendió las comunicaciones de este semanario para profundizar en el tema.

Consultado sobre este mismo caso, el doctor en derecho Alejandro Romero Gudiño –extitular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y actual contralor interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– refiere que lo más grave es la prescripción. “Estamos hablando de la ley anterior, con 3 años para delitos no graves y 5 para graves: con Fox ya pasaron más de 5 [años], lo que se puede hacer es un conflicto público, pero de eso a llegar a una sanción política, ya no, lamentablemente. […] La sanción legal es muy importante, pero la sanción política es más”.

El funcionario destaca que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador las partidas discrecionales en el presupuesto, como las que manejó Fox, ya dejaron de existir. “Antes había partidas que sólo el presidente podía utilizar y hacía lo que quería, pero ahora esas partidas ya no existen”.

RESPONSABLES, SEÑALADOS CON NOMBRE Y APELLIDO

La evidencia que reunió el equipo de Muñoz Leos durante aquellos 5 días y que el área de responsabilidades no tomó en cuenta revelaba múltiples anomalías. “En la auditoría se establece quién es responsable de qué. Pero, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Se debieron haber fincado responsabilidades y se debió haber recuperado dinero y no ocurrió. Renunció Rojas Magnon, pero porque el Presidente le solicitó la renuncia”, señala en entrevista quien fuera designado responsable de aquella auditoría.

En efecto, en sus resultados, el informe final detalla las irregularidades, la normatividad infringida y los presuntos responsables. El nombre de Rojas Magnon, entonces asesor y coordinador administrativo de la Presidencia –este último cargo es el que él mismo se atribuyó– se repite constantemente.

Por ejemplo, en el Anexo B del informe se le cita como presunto responsable de “proponer la contratación por adjudicación directa, ejerciendo funciones sin haber tomado posesión legítima del cargo”. La normatividad infringida, se señala, son los artículos 214 y 217 del Código Penal: “ejercicio indebido del servicio público” y “uso indebido de atribuciones y facultades”.

Determinar qué pasó y quién fue responsable de ello es lo único que puede hacer un auditor, explica Muñoz Leos. Por eso, dice, su trabajo y el de su equipo terminó ahí, con la entrega de resultados. Así funciona el sistema: una vez que se concluye la auditoría y se documentan quebrantamientos de la ley, quien debe proceder es el área responsabilidades; la de auditoría ya no interviene más porque son independientes.

Aún así, advierte que era muy difícil acusar penalmente a los funcionarios y contratistas. “Más que presentar cuestiones de carácter penal se encontraron muchos problemas administrativos. La Ley de Responsabilidades de ese momento era más confusa que la de ahora y permitía muchas salidas a una misma cuestión: dejaba una potestad de deliberación muy amplia”.

Por ello señala que el auditor debe tener muy presente qué intereses hay debajo de algo. “Normalmente los que dan la cara son los que no están llevándose la lana. Es muy fácil poner a alguien de máscara, porque hay mucha gente necesitada del trabajo”.

–¿Sufrió algún tipo de persecución durante el Gobierno de Fox?

–Mucho menos de la que alguien se puede esperar. Hubieron cosas, pero mucho menos de lo que se puede suponer frente al cúmulo de intereses que había detrás de esto. Ahora, por ejemplo, me corrieron: estoy sin chamba porque… No sea que vaya a decir algo que no debo. Es muy delicado. […] En este momento estoy congelado, castigadito. Pero la única vez que hubo una cosa seria de amenazas a mí y a mi familia, cuando mis hijos eran chicos, me fui a vivir a Chihuahua porque sí es difícil, pero creo que si tuviera opción de hacer lo mismo lo haría sin ninguna duda, porque es mucho mayor la satisfacción de hacer algo que sirva y que ayude a lo que compararía con las presiones.

RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN

Aunque la Secretaría de la Función Pública asegura que no realizó ninguna auditoría a los contratos AD009-01, AD267-00 y AD268-00 para la remodelación de Los Pinos durante el sexenio de Fox, hay evidencia documental de que esa dependencia estaba encargada de resguardar los archivos de la extinta Secodam y que para destruirlos o desaparecerlos necesitaba autorización externa.

Y es que en una segunda respuesta –solicitud de información 0002700068519–, la propia SFP remite al oficio 514/CA/031-2012, del 28 de mayo de 2012, a través del cual la Oficialía Mayor de esa dependencia solicitó la anuencia del Archivo General de la Nación para destruir 1 mil 535 expedientes de la Unidad de Auditoría Gubernamental, originales y copias, “que comprenden el periodo 1998-2000, 2006 [sic]”.

Con ello, la Función Pública admite que los expedientes de la Secodam sí estaban bajo su custodia y que sólo después de obtener autorización del AGN procedió a la destrucción de aquellos que estaban fechados entre 1998 y 2000. No obstante, ese oficio no lo cita como prueba de la destrucción de la auditoría 2015 (realizada en junio de 2001), sino como prueba de la inexistencia por baja definitiva de las auditorías practicadas en (2006), cuando inició el gobierno de Felipe Calderón [en diciembre].

Esta pérdida afecta a la memoria histórica de México y es una violación al derecho de acceso a la información, señala el doctor Miguel Alejandro López Olvera, especialista en derecho administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “La desaparición de documentos contribuye a la impunidad y puede afectar mucho más el derecho humano a la memoria histórica”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explica que la población tiene derecho a conocer lo que sucedió en los ámbitos político, social, cultural, económico y jurídico. “La memoria de un país se construye a partir de los archivos. Y sí, es muy grave que se escondan o destruyan los expedientes porque se limita el acceso a la propia historia de los ciudadanos”.

Tras ganar las elecciones y asumir la Presidencia, Vicente Fox decidió arbitrariamente transformar la residencia oficial de Los Pinos con cargo al erario. “Se llenó de problemas el asunto porque decidieron que la casa presidencial ya no iba a ser casa, iba a ser oficina”, detalla Muñoz Leos. [ Humberto Artigas: 18 años de impunidad por remodelación de Los Pinos ]

La memoria que se ha perdido no es menor: cada decisión que se tomó entre diciembre de 2000 y mayo de 2001 en los rubros de obra pública y adquisiciones quedó registrada únicamente en el informe final de la auditoría 2015, porque el recién estrenado gobierno de Fox no llevaba contabilidad, confirma el auditor.

FOX, LIBRE DE SANCIONES

Cuando ocurrieron las irregularidades, Fox no sólo tenía poder, también tenía inmunidad presidencial. El doctor López Olvera explica que el político no fue sancionado porque la Constitución Política mexicana lo blindaba. “De acuerdo con el Artículo 109, el presidente no puede ser responsable, salvo si comete delitos del fuero común y traición a la patria”.

En cambio, detalla, los funcionarios que participaron en la contratación sí pueden tener sanciones. Y dado que existe una estructura compleja en la contratación pública, “hay un esquema en el que se van repartiendo diferentes responsabilidades”.

Para el especialista en derecho administrativo, una auditoría como ésta no debe desaparecer del archivo histórico. En caso de destrucción de expedientes, advierte, la penalidad oscila entre 3 y 10 años de prisión, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. “Un expediente es considerado un monumento histórico”.

Por su parte, el doctor en derecho por la UNAM Luis Manuel Pérez de Acha señala que aun cuando la respuesta de la SFP haya sido la de no haber encontrado el documento histórico, para poder determinar “que esconden información” se debe continuar con el camino de la transparencia, es decir, presentar el caso ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos. Sólo entonces, indica, se podría acusar al responsable por el delitos de coparticipación y encubrimiento.

En este mismo sentido, el auditor Muñoz Leos observa necesario hacer la denuncia ante el INAI, ya que de comprobarse que el documento no existe y ellos no solicitaron autorización para destruirlo se incurre en un un delito con sanciones preestablecidas.

MÁS EVIDENCIAS

Hasta inicios de 2008, el expediente de la auditoría 2015 permanecía en los archivos de la SFP. Y es que el 1 de enero de ese año la propia Secretaría dio a conocer la lista de los nueve ex funcionarios sancionados por las anomalías detectadas durante la remodelación de Los Pinos (La Crónica, “Sancionaron a 9 funcionarios involucrados en el cabañagate”, Blanca Estela Botello).

Según el diario La Crónica, “los funcionarios sancionados fueron: Carlos Antonio Rojas Magnon, inhabilitado por 2 años; Alberto Ordoñez Benítez, suspendido por 6 meses; María Isabel Jiménez Almaráz, suspendida por 6 meses; Gustavo Cortés Valdés, suspendido por 6 meses. Luciano Rubén Pérez Hernández, suspendido por 30 días; Rómulo de Jesús Munguía Salazar, suspendido por 3 meses; José Luis Arreola Salcido, suspendido por 3 meses; Eduardo Ignacio Seldner Ávila, por 3 meses; y Gabriel López Figueroa, suspendido por 45 días”.

El doctor Arturo Hernández Magallón, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que en casos de corrupción gubernamental como el de la remodelación de Los Pinos, en el que se registraron diversos incumplimientos de contratos, las empresas también deben ser sancionadas: “las sanciones son para inhabilitarlos para volver a concursar en las licitaciones del gobierno, de acuerdo al daño generado al patrimonio público y no poder participar hasta después de cierto tiempo”.

Y agrega que “cada uno de los fenómenos es distinto. Por ejemplo, está el caso de Emilio Lozoya que mintió respecto a las cuentas bancarias utilizadas en Pemex, no dio información y la sanción fue económica y de una inhabilitación de 10 años; en el caso de Fox, la suma de dinero es menor y la inhabilitación ha prescrito por el tiempo. También influye la cuestión de qué tanto daño o perjuicio social hubo: hoy está el caso de la falta de papel para los libros de texto, donde la compra de papel se ha complicado; ese tipo de temas deben solucionarse rápidamente y se solucionó con la adjudicación directa porque no había proveedores ni tanto tiempo de espera”.

En el caso de Fox, la lista de irregularidades que documentó Roberto Muñoz Leos parece interminable. “La casa del presidente anterior a Fox [Ernesto Zedillo] era de 400 metros de construcción, que si bien no era un palacio sí era una casa grande y estaba llena de candelabros, herrería, mármol, cosas que cuestan mucho dinero y que [con la llegada de Fox] se perdieron. Qué se hicieron, nadie supo. Quién se las llevó, nadie. [Durante el interrogatorio] Artigas dijo que él no. Y como ni siquiera había un responsable de obra ni de compras, pues no se supo. Eso es lo que nos ha atacado más [como país]: que no haya responsables de las compras chiquitas. Y hasta la fecha esto sigue operando así”.

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